martes, 28 de agosto de 2012

Capacitan a representantes de instituciones que reciben donación de alimentos

MPT guarda reserva sobre identidad de personas con VIH

Los representantes de 35 instituciones y asociaciones que suscribieron convenios y actas con la Municipalidad Provincial de Trujillo, para beneficiar a 1.624 personas con la donación de alimentos, fueron capacitados para el cumplimiento de normas ediles.
El Plan Operativo Institucional (POI) de la comuna local exige un mínimo de dos capacitaciones al año a las instituciones que suscriben convenios y actas, y a los programas PANTBC, Vaso de Leche y Comedores Populares, para que cumplan con la información exigida por la normatividad.
El evento de capacitación a los representantes de los beneficiarios de convenios y actas, previamente focalizados como pobres y de extrema pobreza por el Sisfoh, se desarrolla en el Gran Centro Recreacional de Trujillo, en la urbanización La Rinconada. La información que se entrega es sobre la calidad nutritiva de los alimentos recibidos de la Subgerencia de Programas Alimentarios de la MPT.
También se capacita en la aplicación de normas y directivas y se hace saber la obligación de presentar informes sobre la utilización de los alimentos recibidos, para que la Subgerencia de Programas Alimentarios de la MPT los remita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y ésta a su vez los envíe al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Los capacitadores Priscila Pairazamán Murrugarra, Luis Boy Vásquez e Isabel Botton Panta, así como la subgerente de Programas Alimentarios, María Elena Neyra Rodríguez, tuvieron activa participación en el desarrollo del ciclo de capacitación.
Guardan confiabilidad
Durante la cita, se dio a conocer la obligación de guardar la confiabilidad de los beneficiarios cuando se trata de personas que sufren del VIH, para evitar probables casos de discriminación, que está penalizada por la Ley N° 28867, artículo 323, con entre 2 a 3 años de privación de la libertad por cualquier tipo de discriminación.
Cuando la discriminación proviene de algún funcionario o servidor público, la pena privativa de la libertad al infractor se amplía a cuatro años, lo mismo que cuando desde una subgerencia o gerencia se divulguen los nombres de personas que adolecen del VIH.